Profesional en ciencias sociales: psicología, sociología, antropología, ciencia política

Consultoría para la identificación de las afectaciones derivadas del conflicto armado y su impacto en las comunidades educativas.

Propósito:

Identificar amenazas, riesgos y vulnerabilidades  derivados del conflicto armado y su impacto en la situación humanitaria de las comunidades educativas,  analizando  la respuesta estatal  para su prevención y atención; y proyectando estrategias preventivas que sirvan de base para la construcción de las directrices país en la protección de las escuelas.

Contexto:

La Defensoría del Pueblo (en adelante DP) es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho democrático, participativo y pluralista.

Mediante acciones integradas que se ejecutan para promover, ejercer, divulgar, proteger y defender los derechos humanos, además de prevenir sus violaciones y fomentar la observancia del Derecho Internacional Humanitario, la DP -en cabeza del Sistema de Alertas Tempranas (en adelante SAT)- tiene entre sus objetivos el de informar de acuerdo con su análisis del riesgo sobre las principales afectaciones a las que están expuestos distintos grupos de población como consecuencia del conflicto social y armado que vive el país.

En la actual coyuntura se presentan dos escenarios: por un lado, la desmovilización de las antiguas AUC y la proliferación, durante los últimos 10 años, de nuevos grupos armados posdesmovilización que suponen importantes riesgos para la población adolescente de buen número de ciudades y regiones en todo el país. Por otro lado, el eventual pos acuerdo con la Guerrilla de las FARC en La Habana y lo que el escenario de posacuerdo puede significar para los adolescentes de zonas en las que grupos armados hacen presencia. Lo ocurrido a partir del primer escenario pone sobre la mesa la necesidad de no repetir los mismos errores ante el eventual desmonte de la organización armada,  sobretodo en términos de prevención de la vinculación de niños, niñas y adolescentes a estructuras que puedan surgir con posterioridad a la desmovilización de las FARC, o a estructuras ya conformadas como los grupos posdesmovilización de las AUC

Una de las principales lecciones aprendidas en relación con aquel primer proceso de negociación con las AUC, fue la ausencia de garantías para que se diera la desvinculación de la totalidad de los menores de edad que pertenecían a sus filas. Los reportes oficiales de desmovilización de las AUC, estimaron que un total de 31.671 personas salieron de la organización. Sin embargo, la cifra de menores de edad que ingresó al Programa Especializado para NNA Desvinculados del conflicto armado, fue de tan sólo 963.

Diversos análisis han mostrado que antes de concluido el proceso de desmovilización, comenzaron a reorganizarse nuevas estructuras armadas que ocuparon las zonas de influencia de las AUC, cuyas labores se encontraban fuertemente vinculadas a labores de narcotráfico y otras actividades delincuenciales y que muchos de los NNA que no se desvincularon, ingresaron a estas estructuras. En este sentido, uno de los aportes del estudio es la identificación de nuevas dinámicas de los actores en el escenario del posacuerdo y el análisis de la respuesta institucional estatal y no estatal, para gestionar los riesgos que se presenten.

 A partir de nuestra  experiencia como país y otras reflexiones producidas en otros países con conflictos armados que han transitado hacia escenarios de pos conflicto; será posible extraer elementos que permitan construir rutas de trabajo ajustadas a las realidades locales, que garanticen la no repetición de los mismos errores y propongan unos derroteros claros para el país, basados en la gestión escolar del riesgo y la articulación de la respuesta estatal para la protección de los derechos de NNA.

La Defensoría del Pueblo ha recomendado, a través del documento recientemente publicado y que supone ser un insumo para la consideración de las voces de niños, niñas y adolescentes en el proceso de diálogo en La Habana, que, para avanzar en los procesos de reconciliación y las garantías de no repetición de las violaciones contra NNA por razones del conflicto armado (…) es necesario diseñar de manera conjunta una estrategia de prevención nacional con enfoque territorial que busque contener y prever la perpetración de violencias contra los NNA en todo el país.

Recomienda, además, evitar los ataques a bienes civiles, aún si están ubicados cerca de objetivos militares legítimos en el marco del DIH cuando se prevé que serán perjudicada la población civil, especialmente NNA (en el caso de instituciones educativas) y eliminar toda forma de amenaza o exposición de riesgo del personal docente y de la misión médica, de cuyas violaciones también se conviertan en víctimas los NNA.

Estas recomendaciones obedecen a que existen reiterados registros en los documentos de advertencia, que identifican afectaciones directas o indirectas a las comunidades educativas. Por ejemplo, el SAT ha registrado 12 eventos de afectación directa o indirecta a establecimientos educativos; el 28% de los casos corresponde a la instalación o almacenamiento de explosivos en establecimientos o instalaciones educativas, el 18% corresponde a afectación por presencia de base militar cercana a escuelas o instalaciones educativas, el otro 18% corresponde a afectación por combates, y el 36% restante se divide entre: amenaza, explosión de MAP – MUSE – AEI y ocupación por partes en conflicto.

Adicionalmente,  en 12  de los Informes de Riesgo emitidos por el SAT para 2014 y 2015, se registraron  eventos de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, producto de la expansión y consolidación de grupos armados surgidos con posterioridad a la desmovilización de las AUC.

Las afectaciones que sufren los establecimientos educativos durante los conflictos armados, no son una realidad exclusiva de nuestro país  y han sido objeto de amplias reflexiones y denuncias en distintas partes del mundo.  Los constantes eventos bélicos, enfrentamientos, la instalación de minas y otros artefactos explosivos que impiden o limitan la movilidad,  ocupaciones, amenazas a docentes, las formas de reclutamiento y utilización que logran los actores armados en las inmediaciones de los colegios, son algunas de las más frecuentes.

En el año 2010 se conformó una  Coalición Mundial para proteger la Educación de los ataques, denominada Global Coalition to Protect Education from Attack  GCPEA, por sus siglas en inglés.  Esta  coalición, integrada por organismos gubernamentales y no gubernamentales,  ha venido movilizando la reflexión en torno a la problemática, realizando investigaciones sobre los ataques a escuelas alrededor del mundo, documentando y denunciando violaciones al DIH y haciendo incidencia política para que se logren estrategias de protección de la educación más eficaces.

En 2014, la GCPEA publicó un documento que recoge los ataques en escuelas, denominado: Educación Bajo Ataque 2014.  Este informe señala algunas de las situaciones más preocupantes sobre las afectaciones de las escuelas y recoge algunas de las políticas, planes y proyectos implementados en los niveles nacional, regional y local, dirigidos a proteger la educación de los ataques.

El pasado mes de octubre de 2015, la GCPEA adelantó un encuentro orientado a identificar prácticas prometedoras en la protección de la educación de los ataques y usos militares.  El SAT y UNICEF participaron en este evento mostrando el panorama del país sobre afectaciones en establecimientos educativos, pero sobretodo centraron su intervención precisamente en la situación de los niños, niñas y adolescentes expuestos a diversas formas de reclutamiento y utilización, y la forma como vienen siendo vulnerados sus derechos a consecuencia de la presencia de actores armados y su continua confrontación.

En el marco de este evento, se señaló la necesidad de profundizar en el conocimiento específico sobre la manera como las escuelas son afectadas de manera diferencial en cada país. En ese sentido, el SAT con el apoyo de UNICEF consideraron conveniente ampliar la concepción sobre afectaciones a escuelas, incluyendo como afectación el reclutamiento y utilización a que están expuestos los NNA por parte de los grupos armados posdesmovilización y el riesgo eventual que eso supone ante la posible desmovilización de la guerrilla FARC-EP.

Dado que en el caso específico de Colombia empiezan a tenerse registro de prácticas mediante las cuales pequeñas comunidades en todo el territorio han construido sus propias estrategias para afrontar los riesgos asociados al conflicto armado, en concreto el riesgo de reclutamiento y utilización, el SAT- UNICEF en apoyo a las propuestas contenidas en el documento de la Defensoría del Pueblo que acompaña los diálogos en La Habana, pretende contribuir en la recopilación de información que sirva para proyectar protocolos y estrategias de protección más efectivas que se ajusten a las realidades locales del país.

A este antecedente se suma la petición de la  Mesa de Educación en Emergencias, en relación con la construcción de un marco interpretativo  que sirva para definir el alcance del conflicto armado y sus afectaciones, como riesgo latente para los entornos educativos. Esto, teniendo en cuenta que el conflicto armado ha sido sólo recientemente incorporado como variable dentro de los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo. Y, además, un protocolo de atención claro  que garantice la protección de las comunidades educativas que habitan en zonas de conflicto y oriente las estrategias estatales para la gestión de los nuevos riesgos.

En esta dirección, el equipo de Informes Especiales del SAT, con el apoyo de UNICEF se propone adelantar una investigación que profundice en estos elementos, tomando en consideración las dinámicas cambiantes de nuestro conflicto y sus múltiples expresiones en lo local.  Específicamente la investigación que se propone en estos TdR, se sustenta en la necesidad de analizar la forma como las comunidades educativas identifican y gestionan los riesgos asociados al conflicto armado, examinando la oportunidad de la respuesta estatal y no estatal,  sus niveles de coordinación territorial, el enfoque del acompañamiento que se brinda a las comunidades educativas, entre otros;  y  proyectando estrategias de  prevención y protección frente a los nuevos riesgos que supone la desmovilización de la guerrilla de las FARC.

Objetivos y metas de la consultoría

• Realizar un estado del arte que identifique cuáles son las principales afectaciones del conflicto armado en las escuelas y un análisis de  los planes, programas y proyectos que actualmente se implementan desde el nivel estatal para su protección.
• Caracterizar los impactos diferenciales (accidentes por minas antipersonal, almacenamiento de explosivos, ocupación, etc.), que sufren las comunidades  educativas  en escenarios de confrontación armada y violencia sociopolítica, señalando rutas oportunas para su atención.
• Caracterizar los modos de reclutamiento y utilización de actores armados  (guerrillas y grupos posdesmovilización de las AUC), en los entornos inmediatos de las instituciones educativas.
• En el marco del posacuerdo, señalar posibles escenarios de riesgo (de acuerdo con la definición del MEN y SAT) de violaciones de DDHH y DIH a los que están expuestas las comunidades educativas, siguiendo los criterios de formulación de los planes escolares de gestión del riesgo y las variables observadas por la DP en sus documentos de advertencia.
• Analizar  la respuesta del sector educativo, partir de la valoración crítica de las estrategias que el Ministerio de Educación Nacional implementa para la protección de las escuelas en el contexto de conflicto armado.
• Analizar la respuesta estatal y no estatal en el nivel local, el funcionamiento y articulación de las instancias de coordinación con competencia  en la protección integral de derechos de los niños y la garantía del derecho a la educación; y fortalecer o activar las rutas diseñadas para la protección de las comunidades educativas.

Actividades específicas a ser completadas para el alcance de los objetivos

• Participar en el diseño y ajuste de una ruta  metodológica orientada al cumplimiento de los objetivos de la consultoría.
• Participar en la construcción del estado del arte sobre impactos diferenciales del conflicto armado en las escuelas.
• Participar en el diseño de los instrumentos necesarios para la captura de información tomando en consideración la participación de: actores institucionales del nivel nacional, departamental o municipal y actores que conforman las comunidades educativas.
• Ejecutar el proceso de recopilación, clasificación, validación, sistematización y diagnóstico de la información en las zonas que se le asignen durante la realización del estudio.
• Participar en las reuniones acordadas con UNICEF, para monitorear los avances en la investigación.
• Participar en la elaboración de un producto que identifique  los impactos diferenciales que sufren las comunidades educativas producto del conflicto armado, señalando las violaciones a DDHH y DIH que se dan en las zonas priorizadas en el punto anterior.
• Construir conjuntamente con el equipo, un documento que identifique los posibles escenarios de riesgo que plantea el desmonte y desmovilizaciones de los grupos insurgentes, en relación con la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
•  Analizar las estrategias del Ministerio de Educación para la protección de las escuelas en contextos de conflicto armado, identificando el estado actual de su funcionamiento en las zonas asignadas para el estudio.

Nota: El (la) consultor(a) contratado(a) hará parte del Equipo de Informes Especiales del Sistema de Alertas Tempranas y desarrollará sus actividades en la sede de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Bogotá.

Se contará con  comité técnico o un equipo coordinador de la investigación,  integrado por la Defensoría del Pueblo y UNICEF (áreas de educación, protección y monitoreo), que se encargará de supervisar y dar visto bueno a los procesos y productos del equipo de investigación, incluidos los productos o reportes que elabore el(la) consultor(as) contratado(a) por UNICEF. Cuando el comité lo  considere pertinente puede convocar a representante del MEN.

Productos tangibles y medibles de la consultoría 

Producto 1: Abril 15 de 2016

Cronograma de trabajo concertado con UNICEF y DP

Instrumentos para la recolección de la información

Ruta metodológica concertada con el equipo de la investigación

Producto 2: Junio 30 de 2016

Avances sobre el documento de Estado del arte sobre impactos diferenciales del conflicto armado en las escuelas

Producto 3: Agosto 30 de 2016

Avances sobre los Informes de sistematización que identifique los principales hallazgos de la investigación a nivel regional, de acuerdo con las categorías de análisis concertadas en el trabajo en equipo.

Producto 4: Octubre 30 de 2016

Documento analítico que identifique:

• Impactos diferenciales y afectaciones a DDHH y DIH ( minas, almacenamiento de explosivos, ocupación, etc ) del conflicto armado en las comunidades educativas, en las zonas asignadas al consultor
• Escenarios de riesgo en el marco del posacuerdo y dinámicas de actores que puedan afectar a las comunidades educativas, en las zonas asignadas al consultor.

Producto 5: Diciembre 4 de 2016

Documento analítico que describa la respuesta estatal en las zonas asignadas al consultor, identificando el estado actual del funcionamiento de las estrategias del MEN y cualquier otra que se haya puesto en marcha a nivel local para atender la situación humanitaria de las comunidades educativas.

Fecha de inicio propuesta: Marzo 28 de  2016

Fecha de finalización: 10 de diciembre de 2016

Sección, Lugar de trabajo: Bogotá

Primer Supervisor: Claudia Camacho Jácome

Segundo Supervisor: Viviana Limpias